(Agencia de Noticias ATE Misiones). La
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Misiones) solicitó formalmente al
Concejo General de Educación de la Provincia de Misiones, que disponga los “los
medios y recursos necesarios a efectos de elaborar el instrumento legal
necesario para la creación de un de un “protocolo de actuación para emergencias
en unidades escolares”.
Esta propuesta elaborada por el
sindicato estatal, viene a colación de las falencias expuestas recientemente
ante el caso de un trabajador educativo que fue apuñalado por un alumno en una
unidad escolar de la ciudad de Garupá.
Desde ATE argumentan que “es
necesario (el protocolo) para permitir un manejo adecuado de la situación de
emergencia que se pueda originar dentro o fuera de las unidades educativas y se
viabilicen efectiva y eficientemente las actuaciones en favor del o de los
damnificados de uno o más hechos que se den dentro de las escuelas y colegios o
los que puedan producirse ‘in intinere’. También entendemos la importancia de
liberar al personal escolar de responsabilidades civiles y penales por un mal
manejo de un hecho concreto; citando como antecedente el caso reciente del
Preceptor Roberto Blanch, herido por un alumno en su lugar de trabajo y su
horario habitual y consuetudinario, en el que los actores inmediatos al
gravísimo hecho que asistieron a la víctima, lo hicieron según su mejor parecer
e intuición para lograr el efectivo y rápido traslado a un centro de atención
adecuado y salvar la vida de quien inesperada y sorpresivamente recibe una
incalificable agresión, atentando contra su salud y su vida, que, gracias al
pronto socorro de sus pares, actuando sin guía ni protocolo, hicieron lo mejor
posible, aun poniéndose en situación de riesgo legal por acción u omisión en la
solidaridad incuestionablemente humana”.
El gremio entiende que “la
inexistencia de dicho protocolo, atomiza las actuaciones y pueden llegar a provocar mayores
daños por desconocimiento de un adecuado manejo de una emergencia; en
consecuencia, a nuestro juicio, no es necesario fundamentar aquí que dicho
instrumento beneficia el ordenamiento administrativo, la mecánica y los
procedimientos a seguir del personal directivo, docente y de servicio, evitando
hasta donde se pueda un mayor perjuicio irreparable”.
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