A
40 años del golpe de Estado que inauguró el régimen más sangriento que haya
existido en la historia de nuestro país, desde la Asociación Trabajadores del
Estado, reivindicamos a cada uno de los 30 mil compañeros y compañeras que
fueron asesinados o que permanecen desaparecidos. En ellos, vemos reflejado el
espíritu de una lucha por un país diferente,
con justicia social, con salud y educación para todos, con trabajo y
libertad.
La
dictadura cívico militar que se instauró en la Argentina aquel 24 de marzo de
1976, ejecutó bajo el eufemismo de
“Proceso de Reorganización Nacional”, un plan sistemático de secuestro, tortura
y aniquilamiento de militantes y
dirigentes sociales, de estudiantes, de sacerdotes y monjas tercermundistas, de
maestros y maestras, sindicalistas, periodistas, integrantes de Pueblos
Originarios, y trabajadores en general. Este plan, que además incluyó el robo
de bebés y otras aberraciones, fue implementado como parte de un programa
económico cuyo propósito fue la entrega de los recursos del pueblo hacia los
grandes grupos económicos que imperaban en el país y el extranjero. Es decir,
la implementación de una gigantesca transferencia de recursos de la clase
trabajadora hacia los sectores más poderosos, aquellos que entonces y ahora
definen los destinos económicos de nuestro país. En esos años, la dictadura
cívico militar gestó la inmoral deuda externa que todavía pesa sobre nuestro
pueblo.
Nuestra
organización, la ATE, fue víctima directa del terrorismo de Estado. Por un
lado, a partir del secuestro, detención y asesinato de cientos de compañeros a
lo largo y ancho del país. Por el otro, a partir de una intervención que redujo
a nuestro gremio a su más nefasta expresión.
Pero aquel contexto terrorífico, fue el que hizo emerger la valentía e
inteligencia de grandes compañeros que hoy son referentes y parte de nuestra gloriosa
historia. Nos referimos a Héctor Quagliaro, Víctor de Gennaro, Germán Abdala y
otros compañeros que crearon la agrupación ANUSATE, disputaron y recuperaron
nuestro gremio de las garras de la intervención militar.
Sin
ir más lejos, nuestro actual secretario general a nivel nacional, Hugo “Cachorro”
Godoy, es un sobreviviente de la dictadura que estuvo 8 años detenido, y que
cuando le tocó ser testigo en uno de los juicios contra los genocidas, no dudó
en señalar uno a uno a los represores que pudo identificar (ver fotografía
adjunta a este comunicado).
Hoy,
ya con más de 33 años de vigencia formal e ininterrrumpida del sistema
democrático en la Argentina, observamos claramente que esta no es la democracia
por la que nuestros compañeros y compañeras dieron la vida. Seguimos inmersos
como país, en la inequidad, en la injusticia social, con una distribución de la
riqueza completamente desigual, con cientos de miles de familias inmersas en la
pobreza pese a ser un país rico en recursos de todo tipo. Producimos alimentos
para 400 millones de personas pero tenemos hambreados en todo el país. Nuestro
sistemas de salud y educativo siguen siendo deficientes y excluyentes. Seguimos
teniendo desocupación y precarización laboral. La posesión mayoritaria de la
tierra sigue en manos de grandes multinacionales o terratenientes mientras
nuestros Pueblos Originarios y pequeños productores no pueden acceder a un
pedazo digno de tierra para producir alimentos.
Alcanzar la justicia social entonces, es una enorme deuda de la
democracia, y debe ser un desafío impostergable para nuestra organización y
todas las organizaciones sindicales y sociales del país.
En
materia de Derechos Humanos, valoramos los avances que se dieron en materia
judicial, que permitieron el juzgamiento y condena de 660 represores. Pero al
mismo tiempo advertimos que muchas de las prácticas feroces de la dictadura,
hoy se replican en todo el país por las fuerzas de seguridad. Secuestros,
asesinatos, torturas y desapariciones siguieron siendo moneda corriente en
democracia, y prueba de ello es la existencia de una nómina elaborada por la
organización CORREPI, donde se da cuenta de la existencia de más de 5.500 casos
de personas asesinadas por las fuerzas de seguridad entre 1983 y el presente.
Sin
ir más lejos, en la provincia de Misiones, solo en los últimos años unas 25
personas aparecieron muertas en comisarías. Y desde 2008, se encuentra
desaparecido el joven trabajador Mario Golemba, visto por última vez en la
comisaría de su pueblo, Dos de Mayo.
En
paralelo, los gobiernos democráticos siguen ejecutando la represión de la
protesta social, provocando muertos, heridos y presos por reclamar trabajo,
vivienda o justicia. Nuestra provincia no es ajena a este contexto. A la
represión, se le agrega la criminalización de la protesta, que mantiene
actualmente a más de 5000 militantes sociales judicializados, entre ellos los
19 compañeros de nuestra organización que fueron detenidos en la salvaje
represión policial del 5 de marzo de 2014 en el Puente Garupá.
Por
todo esto, a 40 años del golpe, desde ATE Misiones exigimos:
-Cese
de la represión, la tortura y las desapariciones en democracia.
-Mantenimiento
y actualización de los Juicio por Delitos de Lesa Humanidad en la Provincia y
el país.
-Desprocesamiento
de todos los y las luchadores sociales
criminalizados.
-Derogación
de la Ley Antiterrorista y el Protocolo de Acción para Manifestaciones
Públicas.
-
Trabajo, tierra, justicia, salud, educación y vivienda digna para todos los
habitantes de la provincia de Misiones.
-Libertad
sindical, salarios dignos y estabilidad laboral para todos.
30
MIL COMPAÑEROS DESAPARECIDOS, ¡PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!
ATE MISIONES
No hay comentarios:
Publicar un comentario