Desde
ATE Misiones expresamos nuestra absoluta solidaridad con el compañero secretario
adjunto de la CTA Autónoma, Ruben Ortiz, quien nuevamente fue judicializado por
encabezar una protesta de trabajadores en el norte misionero.
Repudiamos enérgicamente a la criminalización de la protesta, que en los últimos años conllevó a que en la Argentina existan más de 5 mil dirigentes sociales judicializados por luchar.
Los
compañeros de la CTA Montecarlo nos informan que la CTA Montecarlo informó que
"el pasado se presenta ante los Trabajadores de la Educación (MPL),
Obreros rurales, Tareferos, Amas de casa, Comerciantes, Despojadores, Carpidores,
Raleadores, Pulverizadores, Periodistas, Trabajadores de la Industria de la
Madera, Desocupados, (unas 350 personas) que protestaban en inmediaciones la
Ruta Nacional 12 a la altura de Montecarlo, el Alferez Nicasio Ariel Dávalos
quien presta servicios en la seccional Montecarlo, dependiente del Escuadrón 10
Eldorado de la Gendarmería Nacional, portando una notificación al ciudadano
compañero secretario Adjunto de la CTA Autónoma de la Provincia de Misiones,
Rubén Darío Ortíz, donde se le hace saber que estando presente los ciudadanos
Irma Gladys Armoa DNI 13.626.355 y Eugenio David Schimelfenig DNI 36.457.750 se
le notifica que se le inicia una causa penal por ante el juzgado Federal de la
ciudad de Eldorado".
Entendemos
que la judicialización de la protesta social representa una práctica antidemocrática que busca limitar el derecho a reclamar que tienen todos los
ciudadanos y organizaciones, más aun en contextos de crisis y ajuste como el
que estamos padeciendo los trabajadores de punta a punta del país. Denunciamos
que en la última década ya suman más de 5 mil los trabajadores judicializados
por luchar, y que entre ellos además de nuestro compañero Ortiz, se encuentran
compañeros que hoy integran tanto el Consejo Directivo Provincial de ATE como
otros integrantes de la CTA Autónoma.
Repudiamos enérgicamente estas prácticas del
poder, y exigimos el urgente desprocesamiento tanto de Ruben Ortiz como de
todos los luchadores sociales del país que se encuentran judicializados por
protestar. Así mismo, reivindicamos nuestro pedido de derogación de la ley Anti
terrorista, instrumento represivo que hoy sirve de base para avanzar en la
judicialización de dirigentes y militantes.
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