(Agencia de Noticias ATE Misiones).
El caso de la trabajadora despedida –y luego reincorporada gracias a la lucha
de ATE- de la Guardería Nº 3 dependiente del Ministerio de Desarrollo Social,
el conflicto que mantienen los trabajadores municipales de San José y la
situación de las trabajadoras denominadas Promotoras de Salud, se presentan
como tres casos puntuales y actuales que reflejan fielmente cómo en la
provincia de Misiones el Estado en su condición patronal se yergue como el
principal agente explotador de la clase trabajadora. Contratos
basura, salarios de hambre y contextos laborales inaceptables, forman parte de
las condiciones que tanto organismos de
la administración provincial como la mayoría de los municipios, imponen a sus
trabajadoras y trabajadores.
Todo, con la anuencia de un Ministerio de Trabajo
que aún ante evidencias concretas de situaciones de explotación y precarización
laboral, se mantiene en la más absoluta pasividad.
En
este escenario, la organización colectiva y la acción sindical, irrumpen como
la única alternativa posible para aquellos miles de explotados que buscan
dignificar su situación laboral.
Caso Anahí: explotación y
persecución sindical
Anahí
Loyola es una de las casi 50 trabajadoras que se desempeñan en las guarderías
que en la ciudad de Posadas dependen del Ministerio de Desarrollo Social. Por
una tardea delicada como es el cuidado infantil, y con una carga horaria de
cinco horas diarias de lunes a viernes (y habitual sobrecarga por limpieza,
etc), estas trabajadoras perciben una remuneración de 2.000 pesos, cifra que
representa un cuarto apenas del Salario Mínimo, Vital y Móvil, y que está mil
pesos por debajo del fondo de desempleo en la Argentina. Además representa
apenas un tercio de la Canasta Alimenticia Mínima establecida por un reciente
ejercicio técnico de la Junta Interna de ATE en el INDEC.
Las
trabajadoras de guarderías, están vinculadas al Ministerio de Desarrollo Social
desde la total precariedad que representan los contratos temporarios.
Recientemente, la trabajadora Loyola, fue despedida de su trabajo por sumarse a
la organización colectiva dentro de la ATE. Fue la lucha de sus compañeros y
compañeras- amparados en el gremio- la que logró que Anahí recupere su empleo.
Sin embargo, la lucha ahora es por revertir la situación de la totalidad de las
trabajadoras de guarderías en la ciudad de Posadas. La consigna es clara: basta
de explotación y negreo en las guarderías que dependen de Desarrollo Social.
San José: como en tiempos del mensú
Pueblo chico, infierno grande, reza el refrán
popular. En la Municipalidad de San José, esto bien lo saben los trabajadores
municipales. Muchos de ellos, padecen la explotación y la precarización desde
hace varios años. En este municipio, se aplican contratos chatarra y
extorsivos. Una de las figuras más precarias es la de la “Jornalización”,
vínculo que propone que al trabajador municipal se le abone por tiempo de
trabajo, y que por ejemplo, lo priva de trabajar los días de lluvia.
En
materia salarial, la pauperización roza lo aberrante: hay empleados de
Categoría 3 que cobran apenas 2800 pesos por mes. En estos contratos, figura
que “la Municipalidad podrá rescindir el contrato en el momento en que lo
estime necesario, sin obligación de indemnización alguna”, privando así a los
trabajadores de sus derechos básicos.
Organizados
en la Seccional Zona Sur de ATE, trabajadoras y trabajadores municipales de San
José, sostienen una batalla en pos de la estabilidad laboral y los salarios
dignos para el sector.
Promotoras: violencia de género
ejercida por el Estado
La
ley 26.485 define la violencia contra las mujeres como: "toda conducta,
acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público
como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida,
libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o
patrimonial, así como también su seguridad personal". Esta definición
alcanza a aquellas conductas o acciones "perpetradas desde el Estado o por
sus agentes". En Misiones, el caso de las trabajadoras llamadas
“Promotoras de Salud”, configura un caso de violencia de género perpetrada por
el Estado.
Esta figura, con la que desde el 2004 se denomina a más de 1200
trabajadoras laboralmente precarizadas- el 95% son mujeres- que para el Estado
son “becarias”. Actualmente el sueldo que perciben estas trabajadoras es de
apenas 3 mil pesos por mes por tareas diarias que en muchos casos superan las 8
horas. Además son obligadas por coordinadores y autoridades dependientes del
Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Misiones, a realizar tareas
impropias del sector e incluso cubrir vacaciones y licencias de otros sectores.
No tienen aguinaldo ni obra social y son obligadas a asistir a actos
partidarios y eventos. Ni siquiera se les reconoce debidamente las licencias
por maternidad: apenas 15 días les dan a cada promotora que da a luz. Las
aberraciones salariales y laborales a las que el gobierno provincial somete a
estas mujeres, llevaron a las mismas a organizarse dentro de la Asociación de
Trabajadores del Estado (ATE), desde donde hoy encabezan una disputa histórica
por sus derechos. En el recientemente realizado Foro de Políticas Públicas sobre
Violencia de Género, se reconoció el caso y se instó al gobierno provincial a
reconocer al sector como trabajadoras y dotarlas de salarios dignos y
estabilidad laboral.
No hay comentarios:
Publicar un comentario